Los primeros días de noviembre, distintos medios gráficos de alcance nacional y provincial anunciaban una actividad cultural que se desarrollaría en las calles de la Ciudad de Buenos Aires: una procesión compuesta de Granaderos, músicos, autoridades estatales, devotos y curiosos, desde la casa de la provincia de San Juan hasta el Centro Cultural Paco Urondo, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La homenajeada fue la obra del artista plástico Tiziano Fabris. Sobre el lienzo descansaba la imagen de Deolinda Correa y su bebé, tomada por Fabris del cuadro Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires realizado por Manuel Blanes en 1871, en una relación también intertextual con otra imagen, la reproducida en las estampitas y representaciones populares de la santa pagana en un escenario de desierto. Nada tendría de extraño el episodio, excepto si indagáramos un poco en las circunstancias. Popularmente se asocia la muerte de la Difunta Correa con la falta de alimento pero principalmente con la sed, con la falta de agua en la aridez del desierto sanjuanino. Por esta razón, en los numerosos altares levantados en su honor se le ofrendan fundamentalmente botellas de agua. No hay dudas de que el agua resulta esencial en el mito: el representante del santuario sanjuanino estuvo presente en el panel que canceló la exhibición de la pintura de Fabris, su exposición se basó en la promoción del turismo de la fe y en el relato de algunos milagros. Tal vez el más elocuente sea el caso de una niña con muerte cerebral que se recupera por gracia de la santa y al despertar pide... agua.

Sin embargo, en el proyecto presentado por la senadora por San Juan Marina R. Riofrío (PJ-FPV) para declarar la procesión de interés provincial, la historia omite ese elemento y los medios que promocionaron el evento tampoco lo recuperan ni se sorprenden por su ausencia. No parece inocente en un momento en que los pobladores de Jáchal e Iglesia recibían botellas de agua mineral de parte de las asambleas de vecinos que se oponen a la megaminería en el resto del país. Y estas donaciones no eran ofrendas a cambio de milagros sino solidaridad frente al derrame de más de un millón de litros de solución cianurada por la rotura de un caño de lixiviación en Veladero el 13 de septiembre. El entonces gobernador Gioja describió el hecho con una expresión digna de un glosario del cinismo y la infamia: como “cosas que pueden pasar” – claro, los crímenes, los saqueos de bienes comunes, del medio ambiente, que destrozan los ecosistemas, que empobrecen a los pueblos y que destruyen las economías son cosas que pasaron, pasan y “pueden pasar”- al tiempo que el Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo Ghiglione, sostenía dos días después que el problema ya estaba solucionado, que en 15 años no habían ocurrido fallas y que la población podía tomar agua sin ningún peligro...

La provincia de San Juan se ha convertido en los últimos 15 años en un inmejorable lugar de explotación minera: mientras desde el poder político (con el ex gobernador José Luis Gioja a la cabeza, pero también con muchos otros) se modificó la legislación nacional y provincial con un claro favoritismo hacia empresas como Barrick Gold, desde el poder mediático se realizaron campañas para lograr el “cambio cultural” necesario en las comunidades que permitiera operar sin resistencias (Antonelli, 2011), al tiempo que se criminalizaron y reprimieron las protestas y se silenciaron las producciones comunicacionales de quienes se oponen a la actividad, cosas que continúan ocurriendo en la actualidad.

Las intervenciones “didácticas” y comunicacionales destinadas a lograr la licencia social (charlas, publicidades, “talleres”, “cursos”, etc.) y la tergiversación de información, sumadas al silencio en cuanto a los peligros de la actividad y las experiencias en otros países por parte de la prensa hegemónica, chocaron con la organización de los vecinos y sus formas alternativas de comunicación. Giovannini, Orellana, Rocchietti y Vega (2011) realizaron un interesante análisis acerca de la construcción discursiva de San Juan como provincia minera y muestran cómo se pretende instalar un "cambio cultural" afín a la minería desde los medios de comunicación instituidos, como El diario de Cuyo y sus suplementos, revistas especializadas y actividades organizadas por el Estado provincial y por las mismas empresas. Estas iniciativas son respondidas por grupos de vecinos en un escenario caracterizado por enormes diferencias de poder. Si consideramos la megaminería desde el punto de vista de la comunicación, encontramos la concentración comunicacional por los grandes medios, las empresas mineras y el poder político, caracterizada por la difusión de un mensaje altamente unitario y coherente, extensa cobertura territorial y audiencia máxima; mientras que en las iniciativas poblacionales de resistencia, alternativas, con una interesante multiplicidad de voces, persiste la fragmentación, el acotado alcance territorial y una audiencia más limitada.

El desastre de Veladero, que salió a la luz mediante redes sociales, fue tomado y seguido por los medios de comunicación de alcance nacional. Es que ante la gravedad del hecho, no podía ocultarse ni omitirse alguna noticia. Sin embargo, se limitaron a informar acerca del derrame y los análisis del agua, pero no a problematizar la actividad minera a cielo abierto –que, ambientalmente, es inviable -, la legislación y, mucho menos, las complicidades políticas en juego. Y en los casos aislados en los que se ha dejado entrever mínimamente alguno de estos aspectos, se trata de noticias que no tienen continuidad y que huelen más a desacuerdos entre los actores pro mineros que a denuncias reales. La historización de los hechos queda en manos de las asambleas de vecinos autoconvocados y la difusión a través de sus formas alternativas.

Seis meses después del derrame de cianuro en Veladero, la noticia en los medios hegemónicos es la multa que recibió Barrick Gold por parte del gobierno de San Juan ($145.696.000 que no compensan el daño provocado y que seguramente pagarán gustosos por las fabulosas ganancias que se llevan y por la reciente quita de retenciones que dispuso el actual gobierno para ese sector) pero no los tejes y manejes, la movilización y el reclamo popular. A tal punto es negada la participación a quienes se oponen a la actividad, que el actual gobernador Sergio Uñac (PJ-FPV) declaró a la prensa que “con esto estamos protegiendo el desarrollo de la actividad minera en la provincia de San Juan (…) Pero esto no significa, hay que dejarlo en claro, que pretendamos ni siquiera veladamente pensar que la provincia de San Juan está retrocediendo en cuanto al desarrollo de la actividad: la estamos protegiendo y la estamos potenciando (…) San Juan tiene mucho para dar en el desarrollo del aspecto minero y es mucho lo que se ha transitado en estos doce años, ha habido un solo accidente de las características a las que yo me he referido y ese accidente ha sido sancionado y multado como corresponde”. De este modo, la empresa y los responsables políticos del derrame limpian su imagen bajo el slogan del progreso, el orden y el “desarrollo sustentable”.

Según Fabris, cuando Blanes pinta su cuadro sobre la fiebre amarilla en Buenos Aires (epidemia en la que justamente el agua tuvo un rol central como vía de contagio), los doctores que observan a la madre muerta con su bebé estarían representando la civilización. Lo que Fabris se propone al tomar la imagen de la mujer, trasladarla al desierto y evocar a la Difunta Correa es eliminar esta idea de civilización y exaltar lo popular. Sin embargo, en la depredadora representación de civilización y progreso propuesta y difundida por el discurso pro minero, los doctores parecen ser reemplazados por maquinaria, dinamita y combinaciones químicas mientras el agua transporta cianuro, se vuelan montañas y los planteos populares sobre la actividad son ignorados. Como ignorados por los distintos actores e instituciones participantes fueron también los hechos de Veladero durante la procesión, la exhibición de la obra y el panel de cierre.

Frente a la movilización y rechazo popular a la megaminería, el triángulo medios – poder político – empresas mineras parece sostener que la mejor censura es el silencio. Sin embargo, la lucha de los colectivos que se inscriben en un discurso crítico de denuncia y oposición activa a la megaminería es imprescindible: en su resistencia, los colectivos ambientalistas luchan contra la fragmentación social, política, económica, cultural y de poder. Y también contra la fragmentación comunicacional, que es inevitablemente política.