El 8 de abril tendrá lugar una audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedido de la Defensoría del Público donde se analizará el “Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina” como consecuencia de los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por Mauricio Macri y ratificados luego por el Congreso. Asistirán a dicha audiencia entidades que forman parte de la Coalición por una Comunicación Democrática. El diario La Nación editorializó sobre esta audiencia calificándola de inaudita. Es de suponer que la Coalición y el editorial de La Nación no agotan las opiniones sobre el tema. Sin embargo, resulta difícil plantear matices cuando las opiniones se presentan como alternativas excluyentes. En una semana donde los Panama Papers desnudan el rol de las empresas off shore en la política, no puede pasarse por alto la contradicción inherente al planteo de quienes dicen defender la soberanía y los valores nacionales en la comunicación y la cultura pero acuden a un tribunal de Washington para dirimir un conflicto en Argentina. Personalmente, creo que es tan discutible la virtud de una “cultura nacional” que condujo reiteradamente al autoritarismo y la xenofobia, como los “valores universales” que en la práctica también sirvieron a intereses particulares. Lo que creo que definitivamente no puede sostenerse es una posición y la contraria en forma simultánea.

Los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004 sirvieron como insumo para la redacción de la Ley de servicios de comunicación audiovisual. El pasado 3 de marzo el Congreso Nacional por una Comunicación Democrática aprobó un nuevo documento de 21 puntos por el derecho a la comunicación que contó con el apoyo de un número significativo de universidades, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y medios. El documento se propone como una plataforma frente al gobierno de Mauricio Macri que –en forma injustificable- derogó por decreto numerosos artículos de la Ley 26.522 y nombró una comisión para redactar “una nueva ley de comunicaciones”. En la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires –que promueve activamente los nuevos 21 puntos por una Comunicación Democrática- se discutieron las decisiones de Macri en un encuentro donde el acto de apertura estuvo a cargo del ex Ministro de Defensa Agustín Rossi y cuyo acto de cierre contó con la presencia del Diputado Carlos Heller, la Diputada Liliana Mazure, el Diputado Guillermo Carmona y el Diputado Eduardo Seminara, todos ellos integrantes del Frente para la Victoria. ¿Es posible reclamar pluralismo a las políticas del actual gobierno nacional desde un encuentro organizado por una universidad pública en forma partidaria? ¿A quién representa una Defensoría del Público igualmente homogénea y carente de pluralismo? ¿Cómo podemos reclamar la ilegitimidad de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción cuando no se pone en tela de juicio el carácter parcial de la Defensoría del Público y no se brindan respuestas a los cuestionamientos realizados al rol del financiamiento de la Fundación Ford al CELS? ¿No es posible escapar a una diyuntiva tan mal planteada? Negarse a discutir las limitaciones de las leyes de medios derogadas, o asumir nuevas propuestas a libro cerrado, impide la aparición de posturas variadas y alternativas. Las presiones cruzadas obturan, en última instancia, un debate libre sobre la libertad de expresión.

El núcleo conceptual del nuevo documento de la Coalición por una Comunicación Democrática se sostiene en dos principios: “La comunicación es un derecho humano” (punto 1) y “Rol activo y presente del Estado” (punto 3). Ambas afirmaciones quedan entrelazadas en el punto 3 cuando se afirma que “como garante de los derechos humanos, corresponde al Estado el rol de crear, fomentar y preservar la diversidad en la gestión de medios, soportes, redes y posiciones satelitales”. La afirmación leída pocos días después del 40 aniversario del golpe de 1976 no deja de resultar impactante. La idea de que el Estado sea considerado “garante de los derechos humanos”, ¿no resulta revulsiva en la Argentina? ¿No fue el Estado quien violó los derechos humanos durante la dictadura? ¿No pesan en la actualidad denuncias sobre el Estado por violar los derechos humanos en las cárceles? ¿No es acaso una función de los medios en una sociedad democrática controlar al Estado? La opción entre un “Estado presente” y el “achicamiento del Estado neoliberal” es una trampa particularmente absurda en el plano de los derechos humanos y la libertad de expresión porque ni el Estado neoliberal estuvo menos presente a la hora de reprimir y violar los derechos humanos, ni el Estado “presente” resultó más plural a la hora de controlar los medios de comunicación y cobrar impuestos inequitativos.

Si esa imbricación entre Estado y medios resulta discutible pero transparente en el documento de la Coalición por una Comunicación Democrática, los párrafos dirigidos a intervenir en la actual coyuntura de las empresas de medios adoptan una retórica farragosa donde el lenguaje pretendidamente técnico resulta mistificador y contradice el espíritu de una comunicación democrática accesible a la mayoría. Pero la opacidad es necesaria para encubrir otra contradicción, porque mientras el punto 1 –apartándose de la Ley de servicios de comunicación audiovisual que se dice defender- abarca “todos los medios”, el resto del documento propone normativas diferentes para medios audiovisuales e internet. La sucesión de distinciones entre “formatos”, “plataformas”, “servicios de comunicación audiovisual”, “TIC”, “forma oral, escrita, impresa o artística”, “difusión y recepción de contenidos” podría obedecer a una redacción poco feliz si no resultara funcional para exponer dos principios contradictorios de un documento que, por un lado, dice promover la desconcentración de grupos económicos, mientras por otro lado, trata la televisión e internet como dos medios que no guardan relación entre sí. En la práctica, abundan los ejemplos que muestran cómo esa barrera no se condice ni con las formas de producción actuales ni con la historia donde los medios actuaron como un sistema unificado desde mucho antes de que se los describa como conglomerados multimedia. Y si lo que se quiere es evitar la concentración, no parece una buena idea negar la acumulación mediante argumentos técnicos o comerciales allí donde ya existe o es fácilmente previsible. En verdad, una vez más, los 21 puntos no responden a principios teóricos o políticos generales sino a actores políticos y empresariales coyunturales, algo difícil de sostener desde una posición supuestamente “académica”.

El documento con los nuevos 21 puntos propone ampliar “el horizonte de nuestros debates y propuestas para una comunicación democrática” manteniendo la estructura de lista y el número de puntos que integraban el documento de 2004. Esto no tendría nada de malo si no fuera porque, salvo por algunas frases aisladas, los nuevos 21 puntos guardan escasa relación con aquellos que se proponen reemplazar. De esta forma, mantener el número 21 se revela arbitrario y sólo puede obedecer a una cuestión de eficacia comunicativa. El número deviene objeto de interpretación cabalística, un mero símbolo. De esta manera, la Coalición Democrática es fiel a un estilo eclesiástico que permite adaptar los mandamientos a las circunstancias históricas, con la condición de que continúen siendo diez. Y así como el 6° mandamiento pasó de “No fornicarás” a “No cometerás actos impuros”, el punto 1 de la Coalición Democrática pasó de “Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del Estado de derecho democrático y los derechos humanos” a “La comunicación es un derecho humano que incluye todos los soportes y plataformas”. Podría tratarse sólo de una cuestión de estilo. Pero no deja de ser una paradoja que la libertad de expresión quede constreñida a un documento de 21 puntos que se presenta a libro cerrado porque ya se debatió lo suficiente. Por su parte, la Comisión presidida por Silvana Giudici aún no dio a publicidad un borrador que permita una discusión pública, lo cual no impide señalar que se trata de un proyecto viciado por el decreto que lo engendró y que la ratificación parlamentaria no alcanza para volver más transparente.

Igualmente, tal vez las diferencias no resulten tan significativas a la postre. Por alguna razón, Mauricio Macri también realizó una lista de 21 puntos para anunciar sus promesas de cambio. El punto 5 de la lista reza: “Estamos hartos de los discursos”. Aunque entiendo que la frase opone “discursos” a “hechos” en la mejor tradición peronista, sería deseable que la frase no se convierta en una premisa para la nueva ley de medios. En cualquier caso, lo que sería realmente valorable es que la regulación de los medios pueda adoptar más de 21 matices. Y una enunciación menos dogmática que la de los 10 mandamientos -que además de una telenovela de la Red Record emitida por Telefé- no deja de ser una ley verdaderamente off shore.